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Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que puso su cuerpo para detener su desalojo — y España prendió en ira
Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que puso su cuerpo para detener su desalojo — y España prendió en ira
La muerte de Maricarmen encendió las calles de Madrid y otras ciudades españolas.
El desalojo de Maricarmen no fue un caso aislado. Lo que sí lo hizo único fue que una mujer de 87 años, sacada de su casa en camilla después de siete años de lucha, terminó convirtiéndose en el rostro de una indignación nacional que no para de crecer.
María del Carmen Abascal, conocida por todo el país simplemente como Maricarmen, murió el 8 de octubre de 2026, apenas horas antes de firmar el contrato de alquiler que le iba a permitir volver a la casa donde había vivido los últimos 70 años.
El 23 de septiembre, tras años de resistencia y con el edificio rodeado de activistas, los agentes la sacaron de su piso en Madrid en una camilla. El detonante del desalojo fue una brutal subida de la renta por parte de la gestora propietaria de su vivienda. Lo que debía ser un trámite burocrático se convirtió en una imagen que recorrió España — y el mundo.
Del piso en Madrid a las calles de toda España
La indignación fue inmediata. Cientos de personas se movilizaron esa misma noche. En los días siguientes, las concentraciones se multiplicaron por Madrid, Barcelona y decenas de ciudades españolas bajo un mismo grito: ¡Asesinos!
Los activistas que acompañaban a Maricarmen desde hace años llevaban tiempo advirtiéndolo: sacar a una mujer de 87 años, enferma y con décadas de arraigo en ese piso, era cruzar una línea moral. El mensaje caló tan hondo que la presión pública obligó a la propietaria a dar marcha atrás y a aceptar que Maricarmen volviera al piso. Pero ya era demasiado tarde.
El número que lo explica todo
Su muerte reavivó el debate que España llevaba años aplazando. En los últimos 10 años, los alquileres han subido casi un 80% en muchas zonas, mientras los salarios se han quedado muy por detrás. Para miles de jóvenes, alquilar una vivienda digna es ya casi imposible. Para muchos mayores, la amenaza de ser expulsados del piso en el que pasaron toda su vida es, hoy por hoy, una realidad cotidiana.
Las cifras son demoledoras. Cada día se producen desalojos en toda España. Muchos pasan desapercibidos. Algunos, como el de una familia con dos hijos el mismo día que sacaron a Maricarmen, nunca llegan a portada. Pero la historia de esta mujer de 87 años —siete años resistiendo, echada en camilla y muriendo antes de poder volver— logró lo que decenas de estadísticas nunca han conseguido: que el país se preguntara, en voz alta, si una casa es un bien de inversión o un derecho fundamental.
De la protesta a las urnas
Tras la oleada de protestas, Pedro Sánchez disolvió el parlamento y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. El proyecto de ley de vivienda de emergencia —con medidas para frenar los desalojos más crueles y poner freno a la especulación— había sido tumbado en la cámara, lo que acabó precipitando la caída del Ejecutivo. Ahora, la crisis de vivienda ha pasado a ser el eje central de la campaña electoral.
La ira no se apaga. En las concentraciones celebradas tras conocerse su muerte, los manifestantes no reclamaban solo justicia para Maricarmen. Exigían que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Que ninguna persona mayor volviera a ser expulsada de su hogar para engordar los beneficios de un fondo de inversión.
Lo que esto significa para Latinoamérica
Durante sus últimos días en el hospital, Maricarmen pidió desde la cama que su caso sirviera para cambiar las leyes que permitieron echarla. Su último deseo era que lo que ella vivió no se repitiera con nadie más.
En Latinoamérica la historia suena sospechosamente familiar. Fondos de inversión comprando edificios enteros para subir rentas, contratos que se disparan de un año a otro, familias mayores echadas de casas donde nacieron. Si en Madrid una mujer de 87 años murió horas antes de volver a su piso, la pregunta para la región es directa: ¿qué nos va a costar reaccionar antes de que pase aquí?
España está, hoy, ante una pregunta incómoda. Si una mujer de 87 años, con siete años de lucha, tuvo que morir para que el país abriera los ojos, ¿qué más hará falta para que la vivienda vuelva a considerarse lo que siempre debió ser: un derecho, no una mercancía?
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